miércoles, 11 de abril de 2018

Un millón (y medio) de universitarios no pueden equivocarse

En nuestro país, España, hemos alcanzado la espectacular cifra de 1.400.000 universitarios. En Alemania que son el doble de población tienen 1.700.000.

Estoy seguro que los reformistas españoles como Fernández de los Rios o Manuel Azaña hubiesen sucumbido a la impresión de semejantes números que verdaderamente muestran una España muy alejada de los estereotipos que corrían por Europa desde el romanticismo de un país salvaje, analfabeto y muy emocionante.

Hemos cambiado, aunque persistan rasgos de nuestro carácter como la imposibilidad de ponerse de acuerdo en algo o la pillería y la picaresca. Eso parece que no lo cura la Universidad. Tampoco el otro gran mal de la política nacional que es el clientelismo y la consideración de lo público como propiedad de políticos y funcionarios.

Al contrario, parece que entre tanto universitario, doctor, catedrático y rector magnífico también anidan los viejos males de la patria como se ha puesto de manifiesto con el "affair" del master de Cristina Cifuentes, cuyo nivel de trapacerías crece día a día.

Poco imaginaba Cifuentes cuando aceptó el regalo que le hacían sus vasallos de la Universidad Rey Juan Carlos I que ese paquetito contenía no solo mercancía averiada sino directamente material radioactivo como el que usan los servicios secretos para deshacerse de sus enemigos.

Y es que ¿por qué no tener un master en el curriculum cuando te lo ponen tan fácil?

Ochenta mil personas egresan cada año de los 3.700 masters que se cursan en nuestro país, así que uno más ¿que importaba?

No tenía que asistir a clase, ni presentar trabajos y además le convalidaban casi todo. ¿Por qué no ponerse una plumita más en el sombrero?

Pues muy sencillo Cristina, porque los políticos no pueden aceptar regalos. Y los funcionarios no pueden regalar lo que no es suyo.

Todo este asunto ha puesto en tela de juicio el sistema educativo público español en su totalidad porque, como nos conocemos, nos imaginamos que donde hay un caso debe de haber ciento y las sospechas corren por los curris de políticos y celebridades a quienes pudiera haber sido conveniente hacer un regalito por parte de funcionarios agradecidos o expectantes de mejores destinos.

Si ha sido tan fácil falsificar actas, firmas y convalidaciones en este caso, ¿cuantos más hay por ahí con idénticas manipulaciones?

La cosa es seria porque el prestigio de los centros universitarios es la garantía del valor de los títulos que emiten. Vamos, es como si al Banco de España le pillan falsificando billetes.

Y es más seria todavía porque las universidades españolas emiten demasiados títulos. Porque hay demasiados universitarios y porque los masters de grado se han convertido en una "commodity" cuando deberían haber sido la guinda de un pastel personalizado.

Y cuando hay demasiado de algo ese algo pierde inevitablemente su valor.

Naturalmente siempre tendrá la Universidad una función de impartir conocimiento y todos aquellos que quieran adquirir conocimiento de forma desinteresada estarán felices de asistir a cursos en sus materias favoritas, pero sospecho que la mayoría de los jóvenes acude a la Universidad con la intención de poder presentar cartas credenciales valiosas ante en mundo de los empleadores.

A esos, todo este asunto les perjudica. (No digamos a los alumnos de la Universidad Rey Juan Cárlos I).

Pero llueve sobre mojado porque ya hay universidades españolas que emiten títulos cuyo valor es cercano a cero y los que los emiten lo saben.

Si fuesen universidades privadas eso no tendría la menor importancia ya que en ese ámbito cada cual es libre de hacer con su dinero lo que quiera, ir a Harvard o al centro de altos estudios de Fresnedilla del Condado.

La cuestión es la enseñanza pública que se imparte con el dinero de todos, (cada alumno cuesta al erario público una media de 9.000 euros por año), y que por tanto es un bien que a todos nos interesa preservar. Ya que nos gastamos la pasta por lo menos que sirva para algo más allá de tener a los jóvenes entretenidos unos cuantos años.

Y en este sentido la política que se está siguiendo de "facilitar" el acceso a la universidad a cuanta más gente mejor y después "facilitarles" el tránsito hacia el título con exigencias cada vez menores, es un gran error y una auténtica malversación de caudales públicos.

La inflación y la falsificación hacen un mal terrible a los títulos universitarios y a quienes los adquieren y esto hay que pararlo ya mismo, volviendo a las exigencias y a la escrupulosidad.

Y si no, hay que tener coraje y decirles a los millón y cuatrocientos mil estudiantes que se han equivocado dedicando su tiempo y los recursos de sus padres y de todos nosotros para conseguir algo que en realidad no vale nada.