La mayor parte del software que se usa a diario tiene una alto coste de generación. Y ese coste se ve reflejado en mucho casos en un precio de venta al usuario final. No obstante, el consumidor común lo quiere todo gratis y, lo que es peor, en muchas ocasiones entiende que ha de ser así y es reticente a pagar. Lo que parece desconocer, es que también existen otras opciones más allá del tráfico de licencias y claves, como el software libre, que obtiene sus beneficios a través de otras fuentes: servicios postventa, servicios premium, publicidad, donaciones y subvenciones, etc.
Lo que más llama la atención es cuando no son los usuarios comunes, sino precisamente los considerados expertos en sistemas de información los que muestran signos de desconocimiento. Y aún peor, cuando estos supuestos expertos trabajan en la administración pública y disponen de nuestro dinero impunemente.
Leo con estupor e indignación como el gobierno de las Islas Canarias ha cerrado un acuerdo por 3,3 millones de euros para disfrutar de licencias de Microsoft Office. Pensad bien en la cantidad, ¡3,3 millones de euros! Una barbaridad, que sin duda sería de mucha utilidad es hospitales, colegios, pensiones, etc.
Existiendo soluciones como OpenOffice o Google Docs, por poner los dos ejemplos más conocidos, actuaciones como esta no se pueden permitir. Porque el gobierno ha de gestionar sabiamente el dinero que tanto le cuesta ganar a sus ciudadanos, y ha de conocer cuáles son los puntos de inversión más potentes, en dónde se pueden salvar gastos y dónde es más necesario ubicarlos. Y las ventajas no son únicamente económicas, sino que las hay de diversa índole, pero el dinero es lo que más pesa en la mayor parte de los foros...
Hasta aquí la reclamación "teórica". Porque la realidad es que seguramente sí que existan esos expertos en la administración pública, que sí que conozcan de la existencia del software libre. Pero desgraciadamente hay muchos intereses, ocultos y a la vista, en política, y mucha avaricia que colmar. Poco se puede hacer contra eso si no es desde "arriba", en una lucha por una burocracia más limpia y eficiente.
Y así nos va en España. Mientras, otros país con una mayor grado de desarrollo, como Alemania, ya hacen uso del software libre. Y otros estados, precisamente en proceso de desarrollo, como Brasil, también. Países en busca de la eficiencia y del ahorro de costes, mientras el nuestro sigue buscando la manera de llenar el bolsillo de unos pocos...
Lo que más llama la atención es cuando no son los usuarios comunes, sino precisamente los considerados expertos en sistemas de información los que muestran signos de desconocimiento. Y aún peor, cuando estos supuestos expertos trabajan en la administración pública y disponen de nuestro dinero impunemente.
Leo con estupor e indignación como el gobierno de las Islas Canarias ha cerrado un acuerdo por 3,3 millones de euros para disfrutar de licencias de Microsoft Office. Pensad bien en la cantidad, ¡3,3 millones de euros! Una barbaridad, que sin duda sería de mucha utilidad es hospitales, colegios, pensiones, etc.
Existiendo soluciones como OpenOffice o Google Docs, por poner los dos ejemplos más conocidos, actuaciones como esta no se pueden permitir. Porque el gobierno ha de gestionar sabiamente el dinero que tanto le cuesta ganar a sus ciudadanos, y ha de conocer cuáles son los puntos de inversión más potentes, en dónde se pueden salvar gastos y dónde es más necesario ubicarlos. Y las ventajas no son únicamente económicas, sino que las hay de diversa índole, pero el dinero es lo que más pesa en la mayor parte de los foros...
Hasta aquí la reclamación "teórica". Porque la realidad es que seguramente sí que existan esos expertos en la administración pública, que sí que conozcan de la existencia del software libre. Pero desgraciadamente hay muchos intereses, ocultos y a la vista, en política, y mucha avaricia que colmar. Poco se puede hacer contra eso si no es desde "arriba", en una lucha por una burocracia más limpia y eficiente.
Y así nos va en España. Mientras, otros país con una mayor grado de desarrollo, como Alemania, ya hacen uso del software libre. Y otros estados, precisamente en proceso de desarrollo, como Brasil, también. Países en busca de la eficiencia y del ahorro de costes, mientras el nuestro sigue buscando la manera de llenar el bolsillo de unos pocos...
1 comentario:
Estoy completamente de acuerdo contigo en que la inversión económica realizada por una administración pública debe hacerse con mucho cuidado, primero porque están gastando el dinero del contribuyente, no deben hacerlo de forma arbitraria. Y segundo y más importante, porque están dando ejemplo, si gastan el dinero en software estándar, estarán dando a entender que lo importante es el software estándar y no el propietario.
Sin embargo, éste puede ser uno de los casos en los que no quede más remedio que comprar Office, porque las otras soluciones son bastante malas. ¿Has probado a crear un documento con Microsoft Word y después abrirlo con OpenOffice? Si es un documento sencillo puede valer, pero en cuanto tenga tablas, fondos o algo complejo, la incompatibilidad es total. Y ya no te digo si quieres utilizar autoformas o algo más complejo, es una mierda.
Quizá el problema aquí sea que no exista un estándar de creación de documentos de texto (¿HTML quizá?)
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