Las declaraciones del consejero madrileño de Sanidad han levantado naturalmente ampollas incluso entre gente templada.
Como ya me maliciaba en el "post" anterior, la búsqueda de culpables en el caso del ébola no ha hecho más que empezar y todo el mundo se pone de perfil. La primera, la ministra del ramo, que sencillamente se ha metido debajo de la mesa de su despacho.
Le ha pasado la patata al consejero, que como hombre satisfecho de si mismo, ha arremetido contra la auxiliar con el peregrino y miserable argumento de que se ha infectado por su culpa y que la posible extensión de la epidemia también será por su culpa.
Este animal de bellota, engordado en la apacibles praderas del poder popular en la Comunidad de Madrid, y con la conciencia tranquilizada por su confesor, debería haber sido lo suficientemente astuto, como tienen fama de ser los cerdos, y haberse callado o en su defecto haber hecho caso a su director de comunicación, que seguro que lo tiene, pero se ha creído que el circo mediático es como el cortejo de sus fieles que siempre le ríen las gracias. Y no es así.
El hecho de que no haya dimitido o no le hayan hecho dimitir, dice mucho sobre la empanada mental de nuestra clase política que cree que puede seguir cometiendo todo tipo de tropelías sin que pase nada.
El caso Caja Madrid, que no es solo de mal uso de tarjetas opacas fiscalmente, sino de un desvergonzado uso de los recursos públicos a favor de los amigos y allegados, ha salpicado además a gentes que han estado predicando la virtud democrático-liberal a diestro y siniestro.
No hablo del señor Arturo Fernández, cuyo "track-record" de empresario pirata le coloca en una posición difícilmente igualable, sino de personas como Juan Iranzo, que se suponía que era una persona honorable.
Para que hablar del líder del sindicalismo de la minería asturiana, destino de tantos millones en subvenciones y dádivas diversas, y de los otros sindicalistas igualmente implicados en los regalos de las cajas de ahorros.
El dinero público alimenta en nuestro país a una cantidad al parecer inagotable de aprovechados que además se comportan con la chulería que genera la impunidad y la falta de respuesta institucional a tanto desparrame.
No se francamente si es posible arreglar semejante patio de Monipodio.
No se si se podría juzgar a tanto ladrón encapuchado.
Lo que si se es que en España no funciona el estado de derecho.
Que la transparencia de las cuentas públicas es una estafa permanente. Empezando por lo que dicen que ganan los ministros y terminando por consejos y asesoramientos de toda la constelación de empresas públicas, semi-públicas y subvencionadas.
Que la responsabilidad de los que mandan es nula: nunca responden de sus acciones.
Y que si no se toman en serio medidas para paliar esta situación, la indignación de las masas llevará a un estallido de los que tanto han abundado en nuestro pasado.
viernes, 10 de octubre de 2014
Estado de Indignación
Publicado por Antonio Cordón a las 11:17
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